Aumento de agentes inmobiliarios pone en riesgo el patrimonio de las personas

La AMPI tiene detectados a más de cuatro mil agentes inmobiliarios en Quintana Roo, lo que representa el doble de hace cinco años, sin embargo solo hay 167 matriculados y 37 empresas, lo que prende focos rojos.

José Nolasco Martínez, vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), mencionó que hace cinco años eran apenas dos mil y que tenían la obligación de matricularse como lo marca la Ley inmobiliaria del estado, sin embargo esto no sucedió y preocupa que además hay un incremento de quienes se dedican a realizar transacciones inmobiliarias, poniendo en riesgo el patrimonio de las personas.

“Ya en el último censo informal que se realizó por parte de la asociación, encontramos que eran más de cuatro mil los que se dedican a la venta de bienes raíces, pero en realidad son pocos los que están como personas físicas o morales debidamente matriculados”, agregó.

La importancia de tener una matrícula es que la persona tiene la capacitación suficiente como asesor inmobiliario, y que además el patrimonio que se va a comprar o vender no está en riesgo, que además la Ley Inmobiliaria obliga a cumplir con un registro.

Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente de la AMPI en Cancún, explicó que derivado de ello y con un incremento notorio de agentes que están comercializando bienes en redes sociales e internet, arrancaron con una campaña de concientización, para que las personas confíen solo en aquellos inmobiliarios que están matriculados.

A raíz de la contingencia, estamos viendo que muchas ventas son directas por internet, aunque esto puede prestarse a fraudes, pues cualquiera puede subir una foto a la web y vender incluso sin tener contacto con los dueños, es por ello que al tener un documento avalan que es un agente.

“Es necesario que se cumpla la ley para dar certeza en Quintana Roo, es por ello que también pediremos a la autoridad que inicie con los procedimientos para los que no estén cumpliendo con la misma”, mencionó.

Desde 2015 presentaron la ley inmobiliaria, misma que da la facultad a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable para aplicar las sanciones, aunque esto solo está en papel.

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